Mejorar las condiciones de trabajo de las empresas mineras y las empresas de la zona franca

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Desde hace más de diez años, SADD trabaja para promover y defender los derechos de los trabajadores de las multinacionales situadas en la zona franca y, desde hace seis años, a favor de los derechos de las empresas mineras. La organización busca mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y favorecer el desarrollo de las poblaciones que residen en las zonas donde están establecidas estas empresas. La acción de SADD beneficia del apoyo de AEDH y de la Fundación de Derechos Humanos.

La situación de los trabajadores, hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, empleados en las empresas de extracción minera o en aquellas situadas en la zona franca no es buena. La mayoría de entre ellos, no tienen seguridad social y se enfrentan a condiciones precarias de higiene, de seguridad y de salud en el trabajo. En 2013 La sociedad de administración de la zona franca indicaba que el 55% de las 13500 personas empleadas por las empresas situadas en esta zona no son declaradas. Además, muchos empleadores que declaran los salarios no cumplen con las cotizaciones sociales. Durante veinte años, el derecho relativo a la libertad sindical ha sido denegado al persona de estas empresas, cuyas reivindicaciones son legítimas frente a la cantidad de casos de despidos colectivos abusivos, accidentes de trabajo recurrentes, precariedad del empleo…

En las zonas de extracción minera, la población local sufre igualmente el yugo de los inversores poderosos y  frívolos. Los efectos nefastos de la explotación salvaje de los recursos se sienten duramente a nivel social, sanitario y ambiental. Los ejemplos son lamentablemente numerosos, que se trate de habitaciones deterioradas por los explosivos utilizados para las minas, o del caso emblemático del pueblo KiniKondji. Los habitantes de esta localidad, ubicada a 90 kilómetros al sureste de Lomé, sufrieron la confiscación de más de 200 hectáreas de tierras cultivables para la instalación de una empresa minera, con el complicidad silenciosa de las autoridades togolesas. Sin poder cultivar su tierra, enfrentados a una polución del suelo causada por la explotación, se encuentran actualmente obligados a mendigas para sobrevivir.

El Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recalcado la gestión poco transparente de los recursos mineros al igual que el no respeto de la legislación nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones y la responsabilidad social de las empresas. Desde junio 2011, expresaba su preocupación puesto que “la legislación nacional y una implementación deficiente no permiten atenuar de manera eficaz las incidencias negativas de la globalización ni lograr lo mejor de las repercusiones beneficiosas de las actividad de sociedades transnacionales y otras empresas”. Enfrentada a esta situación alarmante, SADD se moviliza a través de varias acciones que buscan defender los derechos del salariado y asegurar una cobertura social. La organización se encuentra involucrada en actividades de sensibilización de empleados de pequeños y grandes grupos para permitirles tomar consciencia de las injusticias sociales graves de las cuales son víctimas e incitarlos a luchar por una transformación social.

Al mismo tiempo, busca capacitar sobre las nociones del derecho laboral o sobre protección social de los líderes de opinión, los responsables locales (jefes tradicionales, responsables de comités pueblerinos o de vecindario), delegados sindicales, representantes del personal o incluso inspectores del trabajo. Por último, SADD realiza un censo permanente de las violaciones de los derechos cometidas por las empresas mineras o instaladas en la zona franca. Los resultados de esta vigilancia permitirán, luego, llevar a cabo la defensa con las autoridades para la reivindicación jurídica y social de estos sectores vulnerables. A través de estas acciones, SADD fomenta una generalización del concepto de responsabilidad social de las empresas, que defiende el principio de rendición de cuentan de los actores económicos, de transparencia, ética, reconocimiento de los intereses de los actores, respeto de las normas internacionales y respeto de los derechos humanos.  

Las intervenciones futuras de SADD permitirán dar fin a las injusticias sociales graves que existen en estos sectores vulnerables en Togo.

Yves Dossou

 

 

 

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