Paraguay – La masacre de Curuguaty: testimonio de una justicia parcial

 2017 03 paraguay
Paraguay es la nación mas olvidada de América Latina. La dictadura de Stroessner (1954-1989), sigue marcando profundamente el país: acumulación de las tierras y del poder política por algunas familias, taza elevada de pobreza y numerosos casos de violencia y detención arbitraria por aquellos que denuncian la situación. La “masacre de Curuguaty” ilustra este contexto, la lucha del acceso a la tierra y la corrupción judicial.

El 15 de junio de 2012, 300 policías evaluaron unos sesenta campesinos[1] de las 2000 ha de tierras abandonadas en Curuguaty. Resultado: 11 civiles y 6 policías muertos.

El origen de esto fue la tensión entre el presidente progresista Lugo, partisano de una reforma agraria, y los grandes propietarios, entre ellos la empresa Campos Morumbi[2] que busca, sin derecho ni título, acapararse del bien y desalojar a los campesinos. El aparato judicial corrompido obtuvo el apoyo de la policía y esta intervención brutal provoco la muerte de 17 personas y un golpe de estado destituyendo al presidente Lugo.

A continuación, 11 de los campesinos fueron encarcelados por tentativa de homicidio, ocupación ilegal y asociación criminal. Comenzó entonces un proceso totalmente parcial; la investigación estableció que ninguna víctima murió por las armas de los ocupantes sin tampoco acusar a las fuerzas armadas y termina por descartar a las víctimas civiles para concentrarse en la muerte de los policías.

Los acusados y las asociaciones rechazaron a los abogados de oficio e hicieron llamado a abogados voluntarios; la Fundación para los Derechos Humanos intervino y financio los gastos de desplazamiento y de alojamiento de la defensa.

El juicio finalizó el 11 de julio de 2016. Los 11 acusados fueron declarados culpables; algunos de ellos obtuvieron penas leves y fueron liberados debido al tiempo ya transcurrido en detención. Sin embargo, 4 personas recibieron 18, 20 y 35 años de reclusión.

Esta sentencia fue criticada por todos los defensores de derechos humanos, por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU al igual que por las asociaciones locales, la iglesia, y los medios paraguayos y latinoamericanos. Desde entonces, se han depositado recursos a nivel nacional e internacional.

Esperando el resultado del procedimiento, las familias instalaron un campamento enfrente del Palacio de Justicia de Asunción, en símbolo de protestación.

 

Jean-Pierre Aldeguer

[1] Campesinos y obreros agrícolas

[2] El propietario Blas Riquelme, fue también senador y presidente del Partido Colorado, partido política del dictador Stroessner que tiene ramificaciones en todo el país. La empresa ya ha sido denunciada por el desplazamiento ilegal de poblaciones indígenas.

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